La mandataria mexicana sostiene que la movilidad humana no debe criminalizarse tras la exigencia de Donald Trump de reanudar las detenciones vehiculares; SRE mantiene la ruta legal por la muerte de 17 connacionales.

Vía NotiPress: La postura del Estado mexicano frente a las políticas de control fronterizo en Norteamérica ha fijado una línea clara de demarcación legal y diplomática. Este jueves 16 de julio de 2026, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente la reactivación de las detenciones de tránsito y retenes vehiculares operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que los cuerpos de seguridad pública deben enfocar sus capacidades en la persecución de delitos reales, y no utilizar la condición administrativa de las personas en movilidad como un argumento válido para justificar arrestos.

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La declaración de la mandataria mexicana responde directamente a las órdenes emitidas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien desautorizó la breve tregua ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras los operativos letales que cobraron la vida de un ciudadano colombiano en Maine y del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas. Sheinbaum Pardo, quien un día antes consideró favorable la suspensión temporal de estos controles vehiculares por razones de derechos humanos, lamentó la insistencia de la Casa Blanca por retomar una de las tácticas más cuestionadas de su campaña de expulsión masiva.

“No estamos de acuerdo; si hay alguna persona que ya cometió algún delito, pues debe ser perseguida, pero la migración no debe perseguirse”, externó con firmeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al fijar el posicionamiento oficial de su gobierno contra la criminalización de la población civil migrante.

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Acciones legales ante instancias internacionales por decesos bajo custodia

La Cancillería mexicana mantiene activos diversos frentes jurídicos para esclarecer los abusos de fuerza cometidos por los agentes migratorios estadounidenses:

  • Expedientes acumulados: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene documentada la muerte de al menos 17 ciudadanos mexicanos en operativos viales o al interior de centros de detención administrados por la agencia federal estadounidense.
  • Vía penal y civil: El gobierno mexicano ha turnado los diagnósticos correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR) y promueve demandas civiles directas contra las corporaciones privadas encargadas de operar las estaciones migratorias en la Unión Americana.
  • Arbitraje internacional: Adicionalmente, se solicitó de manera formal la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y dependencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para evaluar las violaciones al debido proceso.

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A pesar de las gestiones diplomáticas de México para salvaguardar la integridad de los trabajadores extranjeros en las calles de Estados Unidos, la administración republicana insiste en catalogar a las paradas viales como una herramienta indispensable contra la delincuencia. La discordancia de criterios entre la soberanía mexicana, que prioriza un enfoque humanitario de codesarrollo regional, y el esquema punitivo estadounidense mantiene las alertas encendidas en los consulados de la franja fronteriza.