En 2017 un grupo armado atacó a habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó
El hecho violento obligó a que más de 5 mil personas tuvieran que desplazarse sin asesoría ni protección por parte de las autoridades
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que se solicita a las autoridades de los tres niveles de Gobierno considerar el caso de las cinco mil 266 personas de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, que fueron desplazadas de sus comunidades por actos de violencia en 2017. Además, se destaca que las autoridades federales, estatales y municipales no hicieron nada para impedir que «los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente y a la asistencia humanitaria» fueran respetados.
De igual forma, en el documento se indica que también se violentaron los derechos a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada procuración de justicia y a los derechos económicos, sociales y culturales.
Por ello, la CNDH envió la Recomendación 87/2018 al gobernador Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca; al subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero; al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López; a los alcaldes de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.
El suceso al que hace referencia esta recomendación ocurrió el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona. Esto derivo en que aproximadamente cinco mil 266 habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón, todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, del municipio de Chenalhó, fueran desplazadas de sus hogares y por lo cual tuvieron que buscar refugio en otras zonas del mismo municipio.
Por ello la CNDH pidió que se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas que de alguna forma se vieron afectadas directa o indirectamente en este evento, pues buscan que se les brinde atención médica y psicológica. De igual forma piden que además de estas personas, también se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a aquellos que sufrieron daños en sus viviendas y perdieron sus cosechas y animales de granja.
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