Debido a un supuesto daño patrimonial por 45.3 millones de pesos, el Congreso del estado inició un proceso administrativo contra el alcalde de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, por irregularidades en su gestión de 2014.
Destaca que el alcalde recientemente se pronunció en contra de la reforma al artículo 12 constitucional, que plantea una supuesta privatización del agua.
Las irregularidades por las que se acusan al presidente municipal se atribuyen a que generó un aparente daño patrimonial, por más de 45 millones 309 mil pesos, a la par que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó otra irregularidad por poco más de 5 millones 589 mil pesos en fallas administrativas.
José Germán Jiménez García, diputado de Compromiso por Puebla y presidente de la Comisión Inspectora, subrayó que el edil puede aclarar las observaciones señaladas antes de ser sancionado; descartó que los procesos aprobados en contra de Camarillo Medina tengan algún tinte político, por tal motivo, enfatizó que la ASE mantiene su autonomía, pese a las diferencias partidistas.
«Hay que recordar que no es un tema hacia alguna administración o a una persona, recordemos que la Auditoría (Superior del Estado) es una institución autónoma y técnica; entonces, ellos hacen toda la revisión y a nosotros nos dan todos los dictámenes, para ponerlos a votación».
A la par del caso de Quecholac, se validaron en sesión del Congreso, 30 procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades, contra gobiernos municipales y el sistema operador de los servicios de agua potable de Teziutlán.
Por otro lado, sancionarán a ocho funcionarios, quienes, en suma, no reportaron el gasto de más de 134 millones 916 mil pesos, detectados por la ASE en el período de 2007 a 2010.
Entre los casos se encuentra el del ex alcalde de Izúcar de Matamoros, José Rubén Gil Campos, a quien se le acusa un daño patrimonial por más de 367 mil pesos, por lo que deberá pagar una sanción por más de 91 mil pesos, además de será inhabilitado a asumir un cargo público en los siguientes 12 años.
En marzo de 2008, el entonces munícipe mixteco fue detenido en Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado, quedándose a purgar una condena por los siguientes cuatro años, luego de tener menos de un mes y medio desempeñándose en su cargo.
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