El presidente Enrique Peña Nieto y el Senado de la República presentaron una controversia constitucional ―es decir, un juicio que se inicia cuando se despliegan conflictos entre poderes gubernamentales― contra ocho artículos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias.
De acuerdo con Pablo Escudero, presidente de la Cámara Alta, estos lineamientos, aprobados el 21 de diciembre del año anterior, rebasan los derechos y obligaciones del Instituto y, en sus palabras, profesan una «censura previa».
Humberto Castillejos, consejero jurídico de la República y Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, explicaron que la controversia constitucional se presentó, ante la Suprema Corte de Justicia, contra las disposiciones del Congreso de la Unión por emitir una ley que faculta y obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a expedir esos lineamientos.
Los artículos que fueron refutados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, son el 15, 216, 256, 257, 258, 259, 260 y 261.
El problema que presentan estos lineamientos es que sus bases son inconstitucionales, pues, de acuerdo con el artículo 89, fracción primera, la regulación y reglamentación de los derechos de las audiencias es una facultad que sólo le compete al presidente de la República, mientras que, según el 28 constitucional, el IFT puede regular esas disposiciones.
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