Planea gobierno de Hidalgo frenar el robo de combustible con ayuda de las fuerzas castrenses
Acusan una mala administración por parte de la STPSH.
Para enfrentar el constante robo de combustible que se registra en la entidad, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que su administración gasta 40 millones de pesos al año para mantener al Ejército Mexicano en la entidad, en el operativo que se denominó «Hidalgo Seguro».
El mandatario afirmó que la presencia de las fuerzas castrenses en el estado se consiguió gracias a la firma de un acuerdo de colaboración, pues el Ejército y la Marina «solo respaldan a los estados más violentos e Hidalgo es uno de las cinco entidades más seguras del país».
Sin embargo, bajo el compromiso de «enfrentar decididamente al huachicol» se conformó la Fuerza Especial Conjunta, la cual está integrada por elementos de Seguridad Pública Estatal, de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la Procuraduría General de la República.
Cabe recordar que Hidalgo es una de las entidades con mayor cantidad de combustible robado, solo superado por Puebla y el Estado de México: de junio a octubre del presento año se registró el robo de 981 mil 249 litros de combustible sustraído ilegalmente de las tomas de Pemex.
Señalan compadrazgos en la Secretaría del Trabajo
Ante la falta de sanciones efectuadas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPSH) durante el último año, la diputada panista, Claudia Lilia Luna Islas, se aventuró a considerar que existe un «compadrazgo con las empresas» locales.
De acuerdo a Luna Islas, en el último año de la presente administración se efectuaron más de mil 200 inspecciones a diferentes empresas, sin embargo, ni una sola sanción se presentó por parte del órgano a cargo de María de los Ángeles Tapia.
«No puedes tener 1,200 inspecciones y no tener una sola multa en un año, eso quiere decir claramente que ella no está haciendo su trabajo», señaló la diputada panista, quien además acusó de un posible conflicto de intereses, pues dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Arbitraje Estatal y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se encuentran laborante cuatro integrantes de una misma familia, todos ellos con parentesco con José Luis Pérez Gómez, secretario de Acuerdos.
HOY NOVEDADES/HIDALGO
