Los padres de los alumnos fallecidos acudieron al organismo para que se solicitaran medidas cautelares.
La PGJ, la delegación Tlalpan y el gobierno de la CDMX fueron instados a presentar informes respecto a los sucesos planteados en la queja.
Dos alumnos del Tec de Monterrey de la capital perdieron la vida tras el colapso de dos puentes después del sismo del pasado 19 de septiembre. A poco más de tres meses de este suceso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) solicitó medidas cautelares al gobierno de la capital para que frene cualquier intento de demolición de las instalaciones.
Los padres de los estudiantes fueron quienes le pidieron al organismo que solicitara las medidas cautelares ante las autoridades capitalinas con el propósito de que se concluyan las investigaciones que se llevan a cabo.
Cabe recordar que los padres de los jóvenes presentaron una queja ante esta comisión el pasado 14 de noviembre, al considerar que hubo omisiones y negligencia por parte del gobierno de la ciudad en la atención e investigación del asunto. Por ejemplo, se señala que las autoridades no acudieron a revisar el campus después del sismo del 7 de septiembre.
El paro de la demolición y la negación a cualquier licencia oficial para realizarla, la celeridad de las indagatorias y que las clases se reinicien hasta que las instalaciones sean cien por ciento seguras son las medidas cautelares que concedió la CDHDF, dieron a conocer los representantes legales de los padres.
El gobierno de la capital tiene cinco días para dar respuesta a las medidas cautelares y sobre los informes que le fueron requeridos por parte de la comisión.
HOY NOVEDADES/CDMX
