El Congreso del estado de Sonora determinó que algunos conceptos en los presupuestos de ingresos de 2023 de 9 municipios eran anticonstitucionales. Ante esto, se emitió un exhorto a las entidades de Arizpe, Bácum, Cajeme, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Ímuris y Nogales para ajustar sus presupuestos y así evitar riesgos financieros. A su vez, solicitaron a los 72 municipios del estado contemplar las disposiciones fiscales constitucionales en sus anteproyectos y presupuestos de ingresos para el ejercicio de 2024.
Desde el 9 de octubre de 2023, Rebeca Irene Silva, titular de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, declaró procedente la acción de inconstitucionalidad contra los ayuntamientos de las entidades mencionadas. Esto al considerar, no acataron los principios de legalidad de proporcionalidad, equidad tributaria, gratuidad de acceso a la información y derecho de reunión.
En un reportaje de Telemax, la funcionaria detalló que en dichas entidades se excedieron las tarifas de algunos cobros, lo cual representó incongruencia respecto a la forma de calcular los mismos. Entre las tarifas mal tasadas, mencionó, la de servicio de alumbrado público, impuestos en consumo de energía, lotería, rifas y sorteos. Así como cobros excesivos e injustificados por reproducción y acceso a información pública, actas y documentos certificados. Además de cobros indebidos para obtener permisos por el derecho a realizar eventos sociales. Al respecto, Silva expresó, “Esto no tenía razón de ser” y aseveró, vulneraba los derechos de los ciudadanos.
De acuerdo con Telemax, en caso de que los municipios no acaten la medida, el poder legislativo podrá modificar los proyectos con dichas disposiciones. Esto con el objetivo de dejarlas sin efecto y solicitar a las autoridades municipales establecer otros, apegados a los principios de legalidad. Por otra parte, Silva destacó, en 2023, fueron menos los municipios que quebrantaron la ley en relación con los presupuestos de ingresos, pues en 2022 se identificaron prácticas ilícitas en más de 45 entidades.
Crédito: Gustavo Torres (NotiPress)
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