El mecanismo estatal atendió 24 expedientes entre enero y julio de 2026 en 13 municipios frente a casos de amenazas, agresiones y abuso de poder.
El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, reforzó de manera sustancial las acciones de resguardo, prevención y auxilio dirigidas a comunicadores y activistas sociales en territorio mexiquense. A través de la Consejería Jurídica de la entidad, el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos implementó un total de 112 medidas de protección en favor de 23 personas entre enero y julio de 2026, con el propósito fundamental de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio libre, pleno y seguro de su labor informativa y de defensa comunitaria.
Durante la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo, las autoridades estatales reportaron la incorporación formal de ocho nuevos expedientes en los primeros siete meses del año, además de dar seguimiento continuo a otros 16 casos previamente abiertos, en los cuales se activaron 72 medidas urgentes de protección adaptadas al nivel de riesgo diagnosticado en cada situación. Entre los principales motivos de intervención que motivaron el respaldo oficial destacaron denuncias por amenazas directas de muerte, abusos de autoridad cometidos por diversos servidores públicos, agresiones físicas, intimidaciones verbales y diversas circunstancias de vulnerabilidad extrema.
El esquema operativo aprobado contempla la activación y continuidad de 16 Planes de Protección Integral distribuidos en 13 municipios estratégicos de la entidad: Naucalpan, Jilotzingo, Nezahualcóyotl, Zumpango, Chimalhuacán, Tonanitla, San José del Rincón, Toluca, Valle de Bravo, La Paz, Amecameca, Chalco y Tlalmanalco. Para salvaguardar la vida y la integridad física de las personas beneficiarias, el protocolo incluyó la asignación directa de elementos de seguridad pública como escoltas, entrega de botones de asistencia y emergencia, instalación de sistemas de videovigilancia en domicilios y espacios de trabajo, así como la vinculación inmediata con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Defensoría Pública.
Asimismo, la dependencia destacó que el organismo ha mantenido un diálogo estrecho con colectivos de la sociedad civil y participó de forma activa en el Segundo Encuentro de la Red Nacional de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (REDPRO), así como en el Quinto Encuentro Regional sobre Políticas de Protección en América Latina. En el marco de la sesión institucional, rindieron protesta formal como nuevos integrantes de la Junta de Gobierno Manuel Alejandro Carrillo Segovia, Fabiola Vite Torres, Juan Antonio Mondragón Miramontes y Maricruz Rivera Garzón, miembros del Consejo Consultivo, quienes acordaron impulsar una agenda amplia que incluya capacitación continua, esquemas de acceso a la seguridad social y becas de desarrollo profesional.
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