El Departamento de Justicia ordena a sus 93 fiscales federales “triplicar” las acusaciones; la estrategia se basa en un decreto de Donald Trump y busca imponer cadena perpetua por nexos con “Los Chapitos”.
Vía NotiPress: Este sábado 16 de mayo de 2026, una investigación publicada por The New York Times reveló un giro radical en la política judicial de Estados Unidos hacia México. El Departamento de Justicia (DOJ) instruyó de manera formal a todos sus fiscales federales a utilizar la legislación antiterrorista para investigar y procesar a políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos que presuntamente colaboren con los cárteles de la droga.
Vía: LexLatin
La orden del Departamento de Justicia
De acuerdo con el diario estadounidense, la directriz fue emitida durante una reunión de alto nivel encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del DOJ, quien coordina a los 93 fiscales de la unión americana.
- La consigna: Singh ordenó explícitamente “triplicar” las acusaciones formales contra los servidores públicos del país vecino que utilicen el aparato institucional para beneficiar al crimen organizado, de manera específica a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
- El sustento legal: Esta Ofensiva jurídica se apoya en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025, la cual clasificó formalmente a varios cárteles latinoamericanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Vía: Dossier Politico
Sanciones brutales: El delito de “Apoyo Material”
Al incorporar las leyes antiterroristas al combate al narcotráfico, las fiscalías de Estados Unidos adquieren herramientas de investigación mucho más agresivas y la capacidad de endurecer los castigos. El cargo central será el de apoyo material a organizaciones terroristas, una falta federal que permite brincarse los topes de las penas por tráfico de drogas o lavado de dinero, abriendo la posibilidad de dictar cadena perpetua obligatoria a los acusados.
Vía: Nueva Tribuna
El caso Sinaloa en el ojo del huracán
Esta nueva estrategia cobra especial relevancia tras la acusación presentada en la corte de Nueva York contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración, de los cuales dos ya se entregaron a la justicia estadounidense esta semana.
Vía: código libre
El expediente judicial citado por los fiscales sostiene que la red de corrupción en Sinaloa no solo recibió sobornos millonarios, sino que operó activamente como un enlace directo para entregar información de oponentes políticos y colocar a mandos policiales corruptos en puestos clave para proteger las operaciones de “Los Chapitos”.
