La Asamblea Nacional avaló cambios que inhabilitan a exiliados y extienden el periodo de Ortega y Murillo.
Este martes 1 de septiembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una profunda reforma constitucional que endurece las restricciones políticas contra la oposición e incrementa la duración de los mandatos de elección popular a siete años. La medida legislativa, promovida por el oficialismo afín al presidente Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo, excluye formalmente de las contiendas electorales a dirigentes, activistas y ciudadanos que sean catalogados por el gobierno como promotores de golpes de Estado, actos de traición a la patria o impulsores de sanciones económicas extranjeras.

Vía: Infobae
El nuevo marco normativo bloquea de manera directa a figuras opositoras que se encuentran en el exilio o despojadas de derechos políticos tras la crisis detonada en 2018. Aquellas movilizaciones ciudadanas, reprimidas con un saldo superior a los 300 muertos documentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han sido calificadas de forma reiterada por el régimen sandinista como una conspiración golpista auspiciada por Estados Unidos, argumento central para justificar la inhabilitación masiva de candidaturas rumbo a los comicios presidenciales fijados para noviembre de 2027.

Vía: BBC
“No podrán optar a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes sean considerados responsables de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación o soliciten agresiones externas contra la nación”, aseveró Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense.
Extensión de periodos presidenciales e institucionales
La reforma redefine la temporalidad de los poderes públicos y los mandos armados:
- Mandato de siete años: La presidencia y copresidencia de la República ampliarán su periodo constitucional de seis a siete años, luego de que en 2024 una modificación previa extendiera el ejercicio de cinco a seis años y elevara a Murillo al rango copresidencial.

Vía: CNN en Español
- Cargos de elección y mandos castrenses: El nuevo plazo de siete años aplicará a diputados y funcionarios de elección popular, así como a las jefaturas máximas del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
- Ajuste en el calendario comicial: Las elecciones generales, programadas originalmente para finales de 2026, quedaron diferidas formalmente hacia noviembre de 2027 tras las sucesivas adecuaciones normativas del parlamento.
Proceso legislativo y rechazo de la comunidad internacional
Para que las modificaciones adquieran validez constitucional plena, la legislación nicaragüense exige su ratificación en una segunda legislatura consecutiva. La copresidenta Rosario Murillo confirmó que la segunda votación se llevará a cabo a partir del 18 de enero de 2027, al arrancar el siguiente periodo parlamentario.

Vía: BBC
En tanto, la aprobación inicial desató el repudio diplomático de la Unión Europea, el gobierno de Estados Unidos y diversos países de América Latina. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para evaluar medidas multilaterales conjuntas frente a la consolidación de un sistema electoral cerrado y sin competencia real en el país centroamericano.
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