En el 2017, hubo un estimado de 25.4 millones de víctimas a partir de los 18 años y más en el país.
En 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2018. Este documento pretende generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre la victimización delictiva durante 2017 y la percepción social respecto de la seguridad pública junto al desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 2018.
Con esto se espera que la sociedad y quienes toman decisiones de política pública en estas materias tengan información necesaria para saber cómo proceder en sus asuntos tales como los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público.
Otro tipo de delitos que también tratan son el carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones así como los secuestros y delitos sexuales.
No obstante, crímenes como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.
Así, algunos de los datos que arroja la encuesta son:
En el 2017, hubo un estimado de 25.4 millones de víctimas a partir de los 18 años y más en el país.
El 35.6% de los hogares del país contó con al menos un integrante como víctima del delito.
En 93.2% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una averiguación previa o carpeta de investigación
En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 7,147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
El delito de extorsión presentó una reducción importante en su frecuencia, al pasar de 24.2% del total de los delitos ocurridos durante 2016 a 19.6% en 2017. Sin embargo, el pago o la entrega de lo solicitado en dichas extorsiones se incrementó al pasar de 4.4% de los casos en 2016, a 6.8% en 2017.
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