Entre enero de 2015 y julio de 2016, el Gobierno mexicano espió a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas a través del malware conocido como «Pegasus», de acuerdo a una investigación del New York Times, en conjunto con Artículo 19, R3D y Social Tic con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá.
Entre los blancos de este ciber ataque, se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 de estudiantes de Ayotzinapa, un economista que contribuyó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, los periodistas Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Este software, «Pegasus», tiene la capacidad de infiltrarse en los smartphones y otros dispositivos para monitorear todos los detalles de la vida diaria de una persona a través de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, calendarios y contactos. El programa incluso puede utilizar el teléfono y la cámara del teléfono para llevar a cabo acciones de vigilancia. Así, el Smartphone o dispositivo de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto, como lo explica en su informe el New York Times.
Lo preocupante es que este programa sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. NSO Group, el fabricante de este programa afirma que esta herramienta sólo se vende de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que se use únicamente para combatir a organizaciones criminales y grupos terroristas.
El reporte del New York Times documenta cinco ataques contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez justo cuando documentaba violaciones graves en los casos Ayotzinapa y Tlaltaya. El estudio también registra que Carmen Aristegui recibió 24 ataques, Rafael Cabrera siete y Sebastián Barragán uno. El periodista Carlos Loret de Mola también recibió ataques entre agosto de 2015 y abril de 2016.
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