Con el propósito de atender los diversos casos de violencia contra las mujeres que son trasladadas de un penal a otro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades federales a impulsar políticas en conjunto con las entidades federativas para que las mujeres privadas de su libertad permanezcan en los penales más cercanos al lugar donde se instruya su proceso.

Mediante la recomendación 15/2017, dirigida a la Comisión Nacional de Seguridad, el organismo se refirió al traslado y trato digno de las mujeres que se encuentran en el centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), núm. 16, en Coatlán del Río, Morelos.

El organismo destacó que los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad.

Ello, porque, además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente, alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio, situación que puede darse sólo bajo las excepciones que la Constitución señala.

«El Estado tiene el deber de garantizar que la persona sujeta a prisión tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, sobre todo si se toma en cuenta que el derecho penal parte del principio de presunción de inocencia», observó.

 

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