El Congreso local mantiene frenado el proceso desde enero pasado, pese a que en tres meses vencerá el plazo que se confirió a las entidades federativas para cumplir con esa obligación constitucional.
De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, el único fallo de la reforma constitucional, publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 4 de noviembre de 2016 es que no otorgó facultades al órgano de fiscalización superior, a la Contraloría General y a los órganos internos de control para sancionar faltas administrativas no graves.
En el caso de la Ley del Sistema Anticorrupción, vigente desde el 28 de diciembre anterior, el semáforo detectó que establece un sistema de información demasiado complejo que solo obstaculiza la tarea de la Plataforma Digital Nacional, ideada para tener un mejor control sobre el desempeño de los servidores públicos del país.
En la última actualización del Semáforo Anticorrupción, del 6 de abril pasado, se determinó que solo Puebla, Chiapas y Nayarit cuentan con la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus sistemas locales.
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