A pesar de que, en abril, el Juez Tercero de Distrito ordenó, al Congreso del Estado, remitir la documentación sobre el Inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de Eduardo Rivera Pérez, el equipo jurídico del legislativo entregó información que no tiene relación con los actos impugnados por el exalcalde de Puebla.
Así lo refirió Homero Ancheita del Río, director general jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), responsable de la defensa del poder legislativo en el juicio de amparo que Rivera Pérez promovió por el incumplimiento del Congreso y el organismo fiscalizador para responderle, en enero pasado, si solventó o no las observaciones hechas a su cuenta pública 2013 y que derivaron del proceso administrativo en su contra.
El representante legal de la LIV Legislatura, acotó: «Los documentos que integran los 108 legajos contenidos en las seis cajas que remití en el diverso oficio del 2 de mayo de 2017; corresponden a una parte del Procedimiento de fiscalización; sin embargo, no guardan relación con los actos impugnados hasta este momento por el quejoso».
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