En el marco de la instalación del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, el gobernador Omar Fayad reveló que el 52 por ciento de los hidalguenses sufre algún grado de pobreza y emplazó a los funcionarios de su gabinete, incluso al de salud, Marco Antonio Escamilla, a disminuir en menos de 24 meses tres indicadores de marginación.
Fue en la Sala del Pueblo del Palacio de Gobierno, ante casi la totalidad de los alcaldes y delegados federales, anunció la autorización de dos mil 953 millones de pesos para combatir los rasgos y el hambre y que la mayoría de los recursos, mil 804 millones de pesos, van directamente a los ayuntamientos, dando a entender que los presidentes municipales no tienen pretexto para evadir los problemas.
De igual manera, dentro de su discurso criticó la falta de coordinación y acuerdos entre las tres esferas de gobierno que derivó en la caída, entre el 2014 y 2015, de los indicadores de acceso a los servicios de salud, seguridad social y espacios de vivienda, expuso que se dispone de presupuestos para la dotación a familias humildes de cuartos de baño, habitaciones adicionales contra el hacinamiento, cocinas, pisos y techos firmes, así como atender las carencias en alimentación, salud y educación.
El jefe del Ejecutivo otorgó un plazo a los funcionarios estatales involucrados en los temas de salud, seguridad social y vivienda, a que mejoren los indicadores, para lo cual habrá seguimiento de la Unidad de Planeación y la Secretaría de la Contraloría.
En cuanto a los delegados federales, que no están bajo el mando del gobierno estatal, les hizo el mismo pedido so pena de reportarlos ante el Gobierno de la República «para que los quiten».
En relación con los alcaldes que no cumplan, alertó el jefe del Ejecutivo, van a enfrentar el reclamo social en caso de no atender las necesidades derivadas de la pobreza, y fustigó que algunas veces los recursos se destinan a la compra de camionetas de lujo o a programas distintos.
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