La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada sostiene que el exgobernador de Baja California participó activamente en la toma de decisiones estratégicas de la empresa Ingemar para contrabandear combustible.
FGR sostiene pruebas contundentes en caso Ernesto Ruffo Appel y red de contrabando
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que posee datos de prueba contundentes contra el ex-gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. De esta manera, la autoridad federal vincula de forma directa al reconocido político con la articulación y operación de una red sistemática de contrabando de hidrocarburos a través de la firma comercial Ingemar.
Bajo la dirección de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, la institución confirmó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) encabeza las indagatorias. Asimismo, el expediente integra dictámenes periciales, entrevistas a testigos, diligencias de campo y análisis financieros que sustentan el señalamiento judicial.
Por lo tanto, los agentes del Ministerio Público Federal sostienen que el imputado participó activamente en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la compañía. En consecuencia, la dependencia reafirma la solidez de sus imputaciones mientras el juicio penal sigue su causa legal ante los tribunales.
Esquema de huachicol fiscal y manipulación de pedimentos de importación aduanal
Las investigaciones conducidas por las autoridades federales desvelaron la estructura operativa que utilizaba Ingemar para desarrollar el huachicol fiscal en la frontera norte. Principalmente, la organización recurría a ferrotanques y camiones cisterna de gran volumen para introducir combustibles derivados del petróleo provenientes de Estados Unidos sin cubrir los impuestos correspondientes.
En este contexto, la fiscalía detectó un patrón sistemático de simulación aduanera donde los operadores declaraban volúmenes menores en los pedimentos de importación. Concretamente, la red asentaba en los trámites oficiales una carga ficticia de apenas 10 mil litros por unidad, engañando de forma deliberada a las autoridades fiscales.
Sin embargo, las inspecciones técnicas y los peritajes de la FGR constataron que los tanques y contenedores poseían capacidades reales de entre 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros. Por consiguiente, este mecanismo de evadir aranceles permitió a la red obtener cuantiosos beneficios económicos mediante la venta ilegal de diésel y gasolina no declarados.
Incongruencia fiscal en cuentas nacionales y admisión de acciones en Ingemar
De forma paralela, la FGR reportó que la empresa Ingemar presentó un comportamiento totalmente incongruente con su perfil fiscal. Aunque la sociedad anónima registraba actividades orientadas a los servicios portuarios, dragados y operación de puertos, la firma realizó movimientos millonarios atípicos en cuentas bancarias nacionales.
Además, la propia fiscalía reveló que durante las diligencias ministeriales Ernesto Ruffo Appel reconoció ser propietario del 49% de las acciones de Ingemar. Igualmente, las autoridades señalaron que el exgobernador admitió tener conocimiento, al menos desde el año 2024, de las maniobras fraudulentas con los volúmenes de combustible.
No obstante, cabe recordar que en julio pasado el propio político declaró públicamente no tener relación con el decomiso de más de 15 millones de litros de combustible asegurados en Coahuila. Pese a estas matizaciones defensivas, los investigadores de la FEMDO sostienen que el acusado diseñó y coordinó directamente la red de operadores aduanales para beneficiarse con la evasión impositiva.
Prisión domiciliaria en Ensenada y garantía de presunción de inocencia
Respecto al estatus procesal del imputado, Ernesto Ruffo Appel abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano el pasado 26 de septiembre. A partir de esa fecha, el juez de la causa le concedió el beneficio de continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria en su residencia particular en Ensenada, Baja California.
Conviene recordar que las fuerzas federales arrestaron formalmente a Ruffo Appel el pasado 16 de julio. Desde ese momento, la FGR le imputó cargos graves por la presunta comisión de delincuencia organizada y contrabando calificado de hidrocarburos, solicitando el aseguramiento de los bienes y cuentas vinculados a la red.
Finalmente, la FGR enfatizó que el proceso judicial se apega a las reglas de reserva del Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio constitucional de presunción de inocencia. Por lo tanto, el exgobernador será considerado inocente mientras el Poder Judicial de la Federación no dicte una sentencia condenatoria definitiva basada en las pruebas del caso.
Información de medios.
XSB
