La FGR removió a Juan Francisco Vera Ayala al detectar severas anomalías procesales en el histórico decomiso de San José Iturbide.
Destitución del delegado de la FGR en Guanajuato tras graves anomalías
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, destituyó de su cargo al delegado de la dependencia en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala. Por consiguiente, el gobierno federal sancionó la falta de rigor técnico y las graves omisiones procesales detectadas en la integración de la carpeta de investigación. Específicamente, el funcionario operó un decomiso masivo de hidrocarburo sin apegarse a los protocolos institucionales de la dependencia, lo que derivó en su remoción inmediata.
Asimismo, las autoridades centrales descubrieron que el delegado regional ocultó información operativa vital a sus superiores jerárquicos. De hecho, la principal irregularidad radica en que la delegación estatal ejecutó el aseguramiento del hidrocarburo dos semanas antes de informarlo formalmente a la cúpula de la FGR. Por lo tanto, esta dilación injustificada en el reporte y el manejo precipitado de la información provocaron la pérdida definitiva de confianza en el ahora exfuncionario.
En consecuencia, lo que las autoridades locales presentaron en un principio como un golpe histórico contra el crimen organizado, rápidamente se transformó en un enredo institucional de proporciones federales. Además, este descuido operativo comprometió severamente la aplicación de la justicia y fracturó la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir el robo de combustible en la entidad guanajuatense.
El polémico aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide
El conflicto institucional se originó a partir de un cateo ejecutado en un predio industrial ubicado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. Precisamente, la Secretaría de Seguridad del estado anunció el pasado 17 de septiembre la localización de un presunto centro de acopio y almacenamiento clandestino de combustible. Durante dicho operativo, los agentes de seguridad aseguraron tanques de almacenamiento de gran escala e inmovilizaron diversas unidades de carga pesada.
Sin embargo, un elemento crucial despertó las sospechas de las autoridades federales desde las primeras horas del anuncio oficial: las fuerzas de seguridad no lograron detener a ninguna persona durante el histórico operativo. Por esta razón, el gobierno federal comenzó a cuestionar la efectividad y la veracidad de la intervención táctica encabezada por Vera Ayala, exigiendo una revisión minuciosa del expediente.
Anteriormente, esta investigación había iniciado el 3 de julio, cuando autoridades locales interceptaron una pipa que descargaba combustible sospechoso en una estación de servicio del municipio de San Luis de la Paz. En aquel momento, el conductor del vehículo no logró acreditar la legalidad del producto transportado. Posteriormente, este incidente inicial desató una serie de pesquisas locales que culminaron, meses después, en el cuestionado operativo de septiembre.
Omar García Harfuch revela inconsistencias sobre el presunto operativo de huachicol
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó oficialmente la existencia de múltiples fallas en el procedimiento de decomiso. De acuerdo con el funcionario federal, una revisión exhaustiva demostró que la delegación estatal anunció la incautación sin contar con evidencias documentales sólidas sobre el origen del hidrocarburo. En otras palabras, el delegado ordenó el aseguramiento sin verificar previamente la validez de los permisos comerciales de las empresas involucradas.
De igual manera, García Harfuch precisó que, hasta la fecha, el gobierno federal no ha podido comprobar que los 59 millones de litros de combustible asegurados correspondan efectivamente a producto ilícito o huachicol. Por ello, la precipitación por obtener reconocimiento mediático inmediato llevó al exdelegado a clasificar el producto como robado sin agotar las diligencias periciales correspondientes que exige la ley.
Actualmente, el secretario de Seguridad subrayó que la instrucción principal es revisar a fondo toda la documentación entregada por las empresas afectadas. Mientras tanto, el objetivo primordial de esta auditoría es esclarecer si las compañías operaban al margen de la ley o si, por el contrario, el cuestionado operativo estatal vulneró los derechos de corporaciones legítimas que operaban en regla.
La FEMDO atrae la investigación y Grupo SIMSA defiende sus permisos legales
Ante la magnitud de las irregularidades detectadas, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo formalmente la investigación del caso. Desde ese momento, esta instancia federal de alto nivel asumió el control total de las diligencias para recabar testimonios directos de los directivos y analizar los comprobantes de importación. En consecuencia, la FEMDO determinará si existe responsabilidad penal por parte de los particulares o si se documenta negligencia grave por parte de los servidores públicos de Guanajuato.
Por su parte, Grupo SIMSA, la empresa directamente vinculada con la terminal de almacenamiento, contradijo categóricamente la versión oficial del decomiso de huachicol. Concretamente, la corporación privada afirmó que todo el producto almacenado en sus instalaciones posee un origen completamente legal y pertenece a su cartera de clientes. Además, los representantes legales de la empresa entregaron de inmediato la documentación aduanal necesaria para acreditar la procedencia lícita del hidrocarburo ante las autoridades investigadoras.
Así pues, el drástico giro en la narrativa de la investigación plantea ahora un complejo desafío probatorio para la fiscalía federal. Ciertamente, si los empresarios logran demostrar contundentemente la legalidad del combustible incautado, el estado mexicano enfrentaría un severo revés jurídico originado exclusivamente por la negligencia de la delegación en Guanajuato.
Claudia Sheinbaum explica la autonomía y responsabilidad de la delegación de la FGR
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la polémica durante su conferencia y aclaró que la investigación inicial derivó del monitoreo de diversas pipas que ingresaban continuamente al complejo industrial. Según detalló la mandataria, algunas unidades logísticas aparentemente carecían de la documentación correspondiente en el momento de la primera revisión física. No obstante, los propietarios del inmueble demostraron posteriormente tener todos sus registros comerciales en regla, lo que obligó a la FGR a replantear el enfoque del caso.
En este contexto, Sheinbaum puntualizó que los delegados estatales de la FGR gozan de plena autonomía institucional para desarrollar investigaciones propias y solicitar órdenes de cateo ante los jueces correspondientes. Sin embargo, enfatizó que esta independencia operativa no exime de ninguna manera a los funcionarios de cumplir rigurosamente con la legalidad de sus actos. Por lo tanto, la mandataria respaldó absolutamente la decisión administrativa de investigar las acciones procedimentales del exdelegado guanajuatense.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que la carpeta de investigación sigue abierta y advirtió que aún no existe una conclusión definitiva sobre la legalidad del masivo volumen de combustible. Por consiguiente, será la propia cúpula de la FGR la encargada de emitir un fallo oficial definitivo una vez que la FEMDO concluya la revisión exhaustiva de los permisos aduanales aportados por la empresa afectada.
Información de medios.
XSB
