Luisa María Alcalde presentó una reforma para que la FGR, la UIF y la CNBV investiguen los perfiles de los aspirantes y alerten a los partidos políticos sobre posibles riesgos de vínculos delictivos.
El Gobierno federal presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de evitar la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos democráticos.
Durante la conferencia de prensa matutina, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la propuesta busca crear una Comisión de Verificación de Integridad dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a los comicios intermedios de 2027.
Vía: La mañanera del pueblo
Funcionamiento de la comisión y cruce de información
Además, la funcionaria federal explicó que este nuevo órgano especializado estará gestionado por tres consejeros electorales. Su función principal será servir como un puente de vinculación directa entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia del Estado mexicano.
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En este sentido, el mecanismo de operación de la comisión se desglosará en las siguientes etapas institucionales:
- Entrega de listados: Los partidos políticos nacionales proporcionarán de manera voluntaria los nombres de sus aspirantes a candidaturas.
- Consulta interinstitucional: La comisión enviará estas listas a dependencias clave: la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Análisis de riesgo: Dichas autoridades investigarán los antecedentes financieros, patrimoniales y judiciales de los perfiles para determinar si “no existe riesgo” o si, por el contrario, “existe un riesgo razonable” de nexos criminales.
- Notificación reservada: Las dependencias entregarán su diagnóstico al INE sin revelar los detalles confidenciales de las indagatorias para salvaguardar el debido proceso.
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“La comisión informa a los partidos políticos si existe un riesgo de vínculos con el crimen, lo que permite a los partidos ser responsables para determinar si registran o no las candidaturas”, detalló la consejera jurídica Luisa María Alcalde.
Responsabilidad partidista e investigaciones en curso
En este sentido, la iniciativa deja la decisión final en manos de las propias fuerzas políticas. Al recibir la alerta de la comisión del INE, los partidos deberán asumir la responsabilidad ética y legal de registrar o descartar al aspirante señalado. Sin embargo, Alcalde aclaró que el rechazo de una candidatura no detendrá la acción de la justicia, ya que las instituciones ministeriales y financieras continuarán de oficio con las investigaciones correspondientes en caso de detectar conductas delictivas.
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Fortalecimiento de la democracia rumbo a 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum contextualizó que esta iniciativa de ley forma parte de un paquete de reformas estructurales orientadas a robustecer el sistema democrático y la participación ciudadana en México.
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Por consiguiente, la mandataria federal recordó que este planteamiento formaba parte de la estrategia original del Ejecutivo federal: “En realidad venía en el Plan A, si se acuerdan hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país. El tema de relevancia tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, concluyó.
Información de medios.
XSB
