Bolsonaro tomó medidas contra ONG, pueblos indígenas y la comunidad LGBT
Los miembros de la comunidad LGBT quedarían fuera de programas como el Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos
Han pasado apenas un par de días desde que el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro llegó al poder y ya ha decretado un par de cosas que han enardecido al pueblo de Brasil. La primera de ellas fue traspasar al ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas, hecho que desató las críticas de organizaciones indigenistas y de defensa del medio ambiente.
«Más del 15 por ciento del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola [poblados por ex esclavos fugitivos]. Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños», tuiteó Bolsonaro respecto a esta decisión.
Esto significa que el ministerio se hará cargo de la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonía Legal, las tierras indígenas y los quilombolas.
A manera de respuesta, la líder indígena Sônia Guajajara, ex candidata a la vicepresidenta del entonces candidato Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol), escribió en su twitter:
«¿Vieron? El desmembramiento ya empezó. La Funai ya no es más responsable de la identificación, delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas», tuiteó.
Asimismo, otra orden fue que las organizaciones internacionales y las no gubernamentales (ONG) serán supervisadas y monitorizadas por la Secretaría del Gobierno, dependiente de la Presidencia.
Por lo que José Miguel Vivanco, director de la división para América de Human Rights Watch (HRW), indicó a la AFP que «el uso de los términos ‘supervisar’ y ‘monitorizar’ es preocupante, lo que sugiere una falta básica de comprensión del rol independiente que estas entidades tienen en cualquier sociedad abierta y democrática».
Sin embargo, quizá la más controversial es la que dicta que la población LGBT queda fuera de los beneficios que otorgan las políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
Para la abogada Juliana Maggi, esta medida se trata de «una afrenta» a la población LGBT, pues la unión estable y el derecho a formar una familia están garantizados en la legislación brasileña, «a menos de que surja una nueva Constituyente o medidas que rompen el modelo de estado democrático que tenemos», indicó Maggi.
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