Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, fue quien tomó la protesta del nuevo dirigente.
Durante la ceremonia también se designó a la titular de la visitaduría general y se ratificó a la contralora interna de la Fiscalía General de Justicia estatal.
Ya es oficial. José de la Luz Viñas Correa es el Fiscal Anticorrupción de la entidad mexiquense. El encargado de tomar la protesta del nuevo funcionario fue Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México.
Durante el acto, Claudia Romero Landázuri fue ratificada como contralora interna de la Fiscalía General de Justicia estatal, además, María Elena Camacho Robles fue nombrada titular de la visitaduría general, área que se dedicará a verificar el desempeño de los servidores públicos de la Fiscalía.
«Abatir la impunidad mediante la persecución de los actos de corrupción en los que puedan incurrir los servidores públicos del estado y municipios», externó el Fiscal General sobre el propósito de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Mientras tanto, Luz Viñas Correa, señaló que realizarán un diagnóstico con base en el análisis de la incidencia delictiva, los asuntos en trámite y los resultados alcanzados por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. «Este diagnóstico tendrá como base muestras representativas de las carpetas iniciadas en contra de servidores públicos, así como también, identificará qué tipo de servidores públicos han sido denunciados, el periodo de análisis abarcará desde la declaratoria de incorporación al régimen del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta el nombramiento del fiscal anticorrupción», puntualizó.
La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, será sometida a una reestructuración para adecuarla a los nuevos desafíos que deberá enfrentar la reciente Fiscalía Anticorrupción, misma que contará con un área para atender los delitos cometidos por servidores públicos, indicó Viñas Correa.
Además, el Fiscal Anticorrupción declaró que habrá un área para atender los delitos cometidos por el resto de los servidores públicos estatales y municipales; así como «un área de generación de políticas públicas para integrarse a las funciones que se deberán realizar en el ámbito de los sistemas nacional, estatal y municipal anticorrupción y establecer una relación estrecha con la sociedad civil».
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