El Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado ajustes significativos en su presupuesto para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, priorizando la instalación de 73 mil casillas seccionales y el gasto operativo necesario para el proceso.
Ajustes presupuestales para el proceso judicial
De acuerdo con Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE, el presupuesto inicial solicitado para la elección judicial ascendía a más de 13,500 millones de pesos, considerando la instalación de 173 mil casillas. Sin embargo, tras el ajuste aprobado por el Congreso de la Unión, se asignaron 27 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil millones fueron destinados a los partidos políticos y 19 mil millones al gasto operativo y organización electoral.
“Con este ajuste, se destinan 6,500 millones de pesos para organizar el proceso judicial, enfocado en la instalación de 73 mil casillas y la contratación de más de 21 mil personas, entre supervisoras y capacitadoras electorales, quienes tendrán un papel crucial en la operación de las casillas”, explicó la consejera.
Recursos para materiales y casillas
La consejera detalló que una parte importante del presupuesto se destinará a la impresión de 600 millones de boletas electorales, además de otros insumos necesarios para garantizar una elección eficiente.
De la Cruz Magaña también indicó que el Poder Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, podría otorgar 800 millones de pesos adicionales al INE. Este monto permitiría aumentar a 86 mil el número de casillas y reducir el número de votantes por casilla de 4,000 a 2,500, mejorando la experiencia electoral para los ciudadanos.
“Si se confirma la disposición de estos recursos, podríamos contratar 3,000 capacitadores electorales adicionales, lo que fortalecería significativamente el proceso”, afirmó.
Responsabilidad y compromiso
La funcionaria destacó que el INE ha sido muy responsable en sus ajustes presupuestales, posponiendo proyectos menos urgentes para garantizar la ejecución de la elección judicial como lo establece la Constitución.
“Estamos conscientes de la situación económica global y nacional, y hemos hecho todo lo necesario para cumplir con este mandato constitucional sin comprometer la calidad del proceso electoral”, concluyó De la Cruz Magaña.
Con información de medios.
KJCS