El INE arrancó una reorganización en 12 áreas para alinearse al límite constitucional de 191 mil pesos mensuales, buscando un equilibrio entre su autonomía y la política de austeridad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó una revisión exhaustiva de sus tabuladores internos tras detectar una discrepancia legal. Efectivamente, se confirmó que 48 funcionarios de su alta estructura directiva perciben actualmente un sueldo mayor al de la Presidencia de la República, el cual está fijado en 191 mil 846 pesos mensuales.

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El marco legal: Artículo 127 constitucional

Asimismo, este ajuste tiene como objetivo principal acatar el Artículo 127 de la Constitución. Esta norma establece de forma tajante que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta. Por lo tanto, la revisión de los tabuladores generará una reorganización de sueldos en cadena que afectará a mandos medios y superiores en al menos 12 áreas estratégicas del instituto.

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Operación electoral y desafíos administrativos

Por otro lado, este movimiento ocurre en un contexto de tensiones políticas derivadas del “Plan B” electoral. Aunque varias reformas fueron frenadas por la Corte, el INE decidió avanzar de forma autónoma en la regulación de sus gastos. A pesar de ello, la logística operativa del organismo representa un reto administrativo considerable debido a las siguientes razones:

  • Crecimiento de la plantilla: En periodos electorales, el personal pasa de 17 mil empleados fijos a casi 50 mil en todo el país.
  • Compensaciones: Debido a las jornadas extendidas, el instituto utiliza un sistema de bonos en lugar de pagar horas extra tradicionales.
  • Reorganización: El ajuste salarial obligará a redefinir los sueldos en direcciones y unidades operativas clave para no violar el tope constitucional.

Vía: Excélsior

En este sentido, el debate de fondo sigue siendo el choque entre la austeridad gubernamental y la autonomía del INE para definir su propia estructura. En consecuencia, el instituto busca demostrar que puede ser eficiente y cumplir con la ley sin comprometer la organización de las elecciones.

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