La fiscal Ernestina Godoy calificó el operativo del FBI como una violación soberana; reveló que el secuestro del capo derivó del pacto de Ovidio Guzmán con la Casa Blanca.

Este miércoles 8 de julio de 2026, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, acusó formalmente al exembajador Ken Salazar de mentir y violar los tratados internacionales tras confirmarse la intervención directa de agencias norteamericanas en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García. Durante una conferencia de prensa especial, la funcionaria detalló que las indagatorias federales enfrentan un escenario de alta gravedad estructurado por tres agravantes: violaciones directas al orden jurídico mexicano, el establecimiento de pactos al margen de la ley y la falsedad declarada por un diplomático extranjero.

La FGR investiga si Ken Salazar mintió sobre rol de EU en el secuestro de  “El Mayo” | Zona Franca

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De acuerdo con el desglose del Ministerio Público Federal, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reconoció de forma interna que el traslado del capo sinaloense desde una pista clandestina el 25 de julio de 2024 constituyó una “operación exitosa, planeada y ejecutada” por su personal. Dicha resolución contradice las afirmaciones de Ken Salazar, quien el 9 de agosto de 2024 sostuvo que Washington no había aportado recursos, pilotos ni agentes, atribuyendo el evento a una disputa interna entre cárteles:

“La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas. Este principio fue claramente violentado por el embajador Ken Salazar, porque de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses resulta falsa de toda falsedad”, sentenció el fiscal especializado Raúl Jiménez Vázquez.

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Inmunidad diplomática y opacidad de Washington

A pesar del rigor de los señalamientos normativos formulados por la FGR, las autoridades precisaron los alcances jurídicos que tiene el estatus del exembajador y la colaboración bilateral:

  • Sin responsabilidad penal: Debido a la Convención de Viena de 1961, Ken Salazar goza de inmunidad diplomática por los actos de su encargo, por lo que no puede ser investigado ni sancionado penalmente dentro del territorio nacional.
  • Información parcial: La FGR denunció que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha limitado el intercambio de información. De una solicitud formal con 11 puntos clave, Washington solo respondió seis; ignorando además 16 oficios de recordatorio ministerial.
  • Inspección bloqueada: Autoridades estadounidenses impidieron a los peritos mexicanos tomar fotografías exhaustivas al interior de la aeronave en las instalaciones del FBI en Texas y Nuevo México.

CSP: Ken Salazar es un mentiroso - La Prensa de Coahuila | Noticias de  Coahuila al instante

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El origen del secuestro y el estatus de Rocha Moya

La Fiscalía General vinculó directamente el secuestro del capo con las negociaciones secretas de Ovidio Guzmán López en Chicago para incorporarse al programa de testigos protegidos, sumado al asilo otorgado a 17 de sus familiares en California. Respecto a la logística del vuelo, se confirmó el uso de una aeronave de los años 60 con matrícula alterada; el piloto fue identificado mediante peritajes de voz de un audio de SENEAM y, tras ser deportado a México, fue reaprehendido por portación de armas y entregado a EE. UU. bajo la Ley de Seguridad Nacional.

FGR Informa sobre Solicitud al FBI por Exhibición de Avión Donde 'El Mayo'  Zambada Llegó a EUA

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Finalmente, la FGR reportó que mantiene siete carpetas de investigación abiertas por delitos conexos que incluyen el homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén. Respecto a la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por EE. UU. contra 10 exfuncionarios locales, donde figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la fiscal Ernestina Godoy aclaró que los citatorios ya fueron desahogados, pero precisó que la indagatoria se limita a los delitos señalados por Washington y que aún no se reúne el estándar probatorio mínimo que exige la legislación mexicana para solicitar órdenes de aprehensión.

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