Un aproximado de 6 271 funcionarios han emitido más de 2 mil demandas de amparo contra la ley.
Como promesa de campaña, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su gobierno iba a reducir los grandes salarios de los funcionarios públicos y que ninguno de ellos podría ganar más que él, es decir, no más de los $108 mil pesos al mes
Un gobierno austero es lo que el político quiere lograr, reducir salarios privilegiados para apoyar los programas sociales y beneficiar a la sociedad que subsisten con pocos recursos. Por ello, el pasado mes de noviembre entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual reproduce el artículo 127 de la Constitución, que establece que nadie puede ganar más que el presidente.
No obstante, dicha ley se consideró inconstitucional, por lo que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a sus facultades, promovió una acción de para que la Corte determinara la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones.
Además, diversos ministros del Poder Judicial no estuvieron de acuerdo con la reducción de salario, por lo que suspendió la aplicación de dicha ley, pues contó con el apoyo de más de mil 400 jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C.
A dicha acción, los Senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, presentaron a la Suprema Corte un recurso en donde acusan al ministro Alberto Pérez Dayán, quien ordenó la suspensión de la norma, ya que pone en riesgo la economía nacional.
Pero no solo los integrantes del Poder judicial se rehúsan a la nueva Ley Salarial, pues hasta este miércoles-12 de diciembre-, un aproximado de 6 271 funcionarios emitieron más de 2 mil demandas de amparo contra la ley. Entre ellos destacan servidores públicos pertenecientes a Pemex, Cofece, PGR, IPN, CFE, Cisen, INE, SAT y la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, AMLO destacó que los inconformes están en su derecho de recurrir a los amparos para evitar la reducción salarial, pues él respetará la decisión de magistrados y jueces con el fin de que exista un Estado de Derecho.
Además, López Obrador pidió al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, que intervenga en dicho caso y de una opinión técnica, por lo que dicho escenario iniciará el debate del paquete económico el 15 de diciembre. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendrá plazo para debatir el tema, pues no posee un plazo perentorio.
Todo lo anterior ha comenzado a provocar mucho nerviosismo en los altos funcionarios y en el valor del peso frente al dólar, pues hasta ahorita sigue en pie la idea que en las primeras horas del 1 de enero de 2019 ningún integrante del nuevo gobierno podrá ganar un salario mayor al del presidente de la república.
HOY NOVEDADES/EN BOGA
*Al cierre de esta edición el presidente Andrés Manuel López Obrador sostenía una reunión con los secretarios sin que se conociera el resultado de ella.
