La Ley implica la suspensión de facto de derechos constitucionales, pues el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas.
Además, las fuerzas armadas solo deberán rendir cuentas al Ejecutivo y a una comisión del Congreso.
En un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, advirtió en un estudio que ejercer la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de facto de derechos constitucionales, pues el Ejército podrá instalar retenes en vías públicas, así como requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre particulares a los órganos autónomos.
Lo anterior vulnera diferentes artículos de la Constitución, principalmente en los apartados 11, 14, 16 y 29, los cuales se refieren a la libertad de tránsito, a no ser molestados en su persona o propiedades, además de la protección de datos personales.
También, el IBD resaltó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Ifetel, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE), también el Congreso y el Poder Judicial estarán obligados a dar al Ejército y la Marina todos los datos que quieran.
Al respecto, las fuerzas armadas que contempla la Ley de Seguridad Interior son la presentación de informes al Presidente de la República y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, del Congreso. Así pues, el contenido de tales informes será reservado.
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