En enero de 1993, los reflectores a nivel mundial apuntaron hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, todo empezó por la alarma en torno a crímenes contra niñas y mujeres. La primera mujer en ese registro fue una joven cuyo nombre era Esperanza Gómez Saldaña.
En México, se han recibido a lo largo de una década más de cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU, que contienen la exigencia al gobierno de esclarecer todos los casos, y de lograr que los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia.
A principios de siglo, muchas organizaciones a nivel nacional, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo; congresos de países europeos, como el Congreso de los Diputados de España, además del Congreso de los Estados Unidos; ayuntamientos de localidades de diversos países; ONGs; redes de mujeres y muchos más se pronunciaron al respecto.
Fue la antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, quien introdujo el concepto de «feminicidio» al español, con lo que propuso analizar los crímenes contra niñas y mujeres, y definirlos como feminicidio. En el 2014, La Real Academia Española incorpora en el diccionario la palabra feminicidio, definiéndolo como: «Asesinato de una mujer por razón de su sexo».
Siete mexicanas son asesinadas cada día, sólo un 25 por ciento de los casos son investigados como feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Entre 2011 y 2014, la tasa de feminicidios creció de 2.4 a 3.2 por cada cien mil mujeres. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2012 y 2013, fueron 3 mil 892 mujeres; sin embargo, sólo 613 casos fueron investigados y apenas el 1.6 por ciento de ellos, recibieron sentencia.
De las 32 entidades mexicanas, Chihuahua (donde está Ciudad Juárez), es la única que no reconoce el feminicidio como delito.
La violencia de género es una realidad que han vivido las mujeres históricamente, pero la tipificación del delito, la incorporación de la palabra feminicidio (o femicidio) a nuestras leyes, es mucho más reciente. En total, 16 países latinoamericanos tienen legislaciones que lo condenan, la mayoría aprobadas en los últimos diez años. Reconocer el término y castigar a los autores con penas específicas es una respuesta política de los países para reconocer que la vida de las mujeres importa.
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