Vía NotiPress: La propuesta de una ley general contra el feminicidio en México plantea elevar las penas hasta 70 años de prisión, eliminar la prescripción de los casos y establecer un modelo homologado de investigación en todo el país. La iniciativa también incorpora medidas para garantizar la reparación del daño y ampliar los derechos de las víctimas indirectas.
Vía: Presidencia
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la reforma será enviada al Congreso de la Unión “hoy mismo” (24 de marzo de 2026) y al Senado “a más tardar mañana”. La iniciativa propone modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a emitir una legislación general en materia de feminicidio.
Durante la presentación, la mandataria comentó: “La propuesta es que en un artículo de la Constitución haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, también intervino y detalló que el proyecto busca establecer criterios uniformes en la investigación de este delito. La funcionaria indicó que se obligará a las autoridades a investigar todas las muertes con perspectiva de género. En ese sentido, afirmó: “Para homogeneizar la investigación, se está estableciendo que los Ministerios Públicos no descarten la tentativa de feminicidio (..) tienen que investigar bajo el protocolo de feminicidio, accidentes, por ejemplo”.
Vía: Diario de México
El planteamiento también incluye la eliminación de la prescripción de los casos, con el objetivo de evitar la impunidad en delitos que no fueron investigados de manera adecuada en su momento.
En materia de derechos, la iniciativa suma medidas para víctimas indirectas. Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres, explicó que se tomarán en cuenta familiares como padres, hermanos y menores en situación de orfandad. Entre los derechos contemplados se encuentran, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita y seguridad social para menores afectados.
La propuesta también establece lineamientos para una entrega digna de los cuerpos de las víctimas y la provisión de servicios de traducción para garantizar el acceso a la justicia en caso de víctimas indígenas o extranjeras. Además, incluye obligaciones para medios de comunicación y plataformas digitales, los cuales deberán respetar la dignidad de las víctimas y evitar la difusión de imágenes.
El proyecto será discutido en el Congreso tras su envío formal, mientras se establecen las bases legales para su implementación a nivel nacional.
