Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó, en diciembre pasado, el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en países latinoamericanos, se ha detenido a exfuncionarios públicos y empresarios en diversas ciudades; sin embargo, en México, la investigación continúa sin avances.
Tras destaparse el escándalo de corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron que se realizarían las investigaciones y detenciones pertinentes, que a la fecha no han mostrado progreso.
Por su parte, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez aseguró que ya trabajan en la investigación de 30 casos prioritarios, entre los que se encuentra el caso Odebrecht, que podría involucrar a funcionarios del gobierno mexicano.
De acuerdo con el diario El Universal, la semana pasada Petróleos Mexicanos interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra presuntos responsables. Por otro lado, exfuncionarios de la constructora aseveraron que:
«En octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado, a cambio de su asistencia para ganar contratos. Entre diciembre de 2013 y finales de 2014 se pagaron 6 millones de dólares».
Esta declaración apunta a que Pemex concretó contratos con la constructora brasileña, aunque no se han mencionado ni nombres de empresas ni de funcionarios.
Mientras en Panamá, Argentina, Venezuela, Perú, República Dominicana y Ecuador ya se han iniciado las investigaciones y sanciones contra los que participaron en este caso de corrupción con la constructora brasileña, en México los nombres de los funcionarios siguen en el anonimato y gozando de impunidad.
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