La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una serie de artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por mayoría de votos, apoyó que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, contenidas en la Ley 3de3, se mantengan en reserva para proteger los datos personales y vida privada.
No obstante, Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, criticó que el Artículo 29 de dicha legislación deje en manos de un Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, la decisión de qué datos pueden quedar bajo resguardo.
Con la determinación de la Corte, a propuesta del ministro José Ramón Cossío, se permitirá que se den a conocer las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos solo en versiones públicas, en las que se habrán de suprimir los llamados datos sensibles.
En su sesión de este martes, el pleno del Alto Tribunal validó las facultades del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para emitir las normas y los formatos en los que los servidores habrán de presentar sus declaraciones.
La mayoría de los ministros coincidieron en que el derecho a la información pública no es un derecho irrestricto, sino que es válido limitarlo de manera temporal bajo los casos expresamente señalados en el artículo sexto constitucional.
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