Ahora se propone que los civiles vigilen la actuación de los militares.
El Alto Comisionado de la ONU y organizaciones civiles se han manifestado en contra de este proyecto de ley.
Con el fin de esclarecer que será un mando civil el responsable de garantizar la seguridad interior cuando no se necesite una intervención militar y con el consenso de las Fuerzas Armadas, se realizaron 10 cambios a la polémica Ley de Seguridad Interior, la cual fue criticada por diferentes sectores de la sociedad. Algunos de los cambios más importantes son los siguientes:
Para empezar y tratando de refrendar que esta nueva propuesta de ley no busca militarizar al país, el nuevo artículo 22 dice que «las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación». A continuación, algunos de los cambios propuestos al documento:
Otro cambio realizado fue en el artículo 21, que fue el que sumó gran parte de las observaciones, la redacción es que «la institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las acciones de seguridad interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley y de las disposiciones reglamentarias de las Fuerzas Armadas».
Y en el artículo 26 se aclara manera explícita que las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, actuarán «en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables», para dejar en claro que no pueden ir más allá de lo que hasta ahora se les permite.
Los 10 cambios quedaron listos anoche y fueron trabajados por los integrantes de las comisiones de Gobernación, encabezada por Cristina Díaz; Defensa Nacional, de Fernando Torres Graciano; Marina, de Ricardo Barroso y Estudios Legislativos Segunda, de Benjamín Robles Montoya, para poder dar cabida a las inquietudes planteadas por especialistas, gobernadores, organizaciones civiles, alcaldes y organismos de derechos humanos.
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