PAN pide que sea la Fepade quien tome el control del caso
Operación Zafiro, en siete estados del País, habría desviado 36 mdd a las campañas del PRI.
El titular de la Secretaría de la Consejería Jurídica de Sonora, Iván Jaimes Archundia, negó los señalamientos que publicó el colectivo «Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad» referentes al desvío de recursos públicos, equivalentes 36 millones de dólares, repartidos en siete entidades federativas, Sonora una de ellas, todas gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo a la denominada «Operación Zafiro», los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima, Estado de México y los Congresos de Morelos y Milpa Alta, este último en la Ciudad de México, fueron beneficiados desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de una bien estructurada red de empresas fantasma.
El dinero público, refiere la publicación, desviado fue a parar a las campañas priistas en las siete diferentes demarcaciones, no obstante, Jaimes Archindia aseguro haber solicitado una investigación a la Contraloría de Sonora, para aclarar cualquier sospecha sobre el buen manejo del dinero público. Las indagaciones presumen una cantidad superior a los 140 millones de pesos, solo en Sonora.
A pesar de no contar con indicios sobre el desvió de recursos, el consejero jurídico aseguró poner a disposición de las autoridades correspondientes toda la información necesaria para determinar si existe o no responsabilidad alguna, en particular la información relacionada con la «nota periodística».
A las acusaciones se sumaron los diputados de Morena y el PAN, estos últimos presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para castigar a quien resulte responsable, además de solicitar que la investigación y posterior demanda sea turnada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Por su parte, Gildardo Real Ramírez, coordinador de la bancada panista en Sonora, afirmó no tener la suficiente confianza «en la imparcialidad del Fiscal Anticorrupción, ya que es una institución dedicada a otros temas diferentes que perseguir la corrupción. Es una institución sesgada, parcial y con objetivos claros: perseguir a la oposición».
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