La Secretaría de la Contraloría estatal reportó casi 22 mil acciones de fiscalización y turnó 120 expedientes de faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa.
Con el objetivo primordial de vigilar el uso correcto del presupuesto público y erradicar las viejas prácticas de corrupción en las instituciones, el Gobierno del Estado de México presentó el balance anual de sus estrategias de control y fiscalización. A través de la Secretaría de la Contraloría, la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez aplicó más de dos mil sanciones a empleados de gobierno y dio cause legal a miles de denuncias ciudadanas presentadas por anomalías en dependencias estatales.
Durante los últimos doce meses de labores, la dependencia estatal ejecutó un total de 21 mil 753 tareas de control y vigilancia en distintas áreas gubernamentales. Dentro de este balance sobresalen mil 275 auditorías directas, 4 mil 854 visitas de inspección física, 8 mil 990 testificaciones en procedimientos oficiales y más de 5 mil participaciones en mesas de seguimiento técnico para evitar desvíos o retrasos injustificados en obras y programas.
Filtros de confianza y atención a quejas ciudadanas
Para prevenir actos ilícitos y asegurar un desempeño ético en puestos clave, la Contraloría aplicó 470 evaluaciones integrales de control de confianza a trabajadores de la estructura estatal. Estos exámenes tuvieron como propósito ubicar factores de riesgo personal o laboral que pudieran comprometer el manejo honesto de las instituciones mexiquenses.
A la par de estos filtros internos, la participación social resultó indispensable en la detección de posibles abusos de poder. Por medio de la plataforma digital del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), los ciudadanos presentaron 21 mil 727 denuncias formales por irregularidades en la atención o uso indebido de funciones. Tras una primera revisión técnica, la dependencia canalizó 14 mil 941 quejas a los órganos competentes para abrir las indagatorias correspondientes.
Cierre de expedientes y castigos aplicados
En materia de combate a la impunidad, las autoridades resolvieron 3 mil 912 expedientes de responsabilidad administrativa que estaban en curso. Estas investigaciones concluyeron con la imposición de 2 mil 438 sanciones formales contra personas servidoras públicas que incurrieron en faltas a la normatividad interna de sus dependencias.
Por tratarse de conductas de mayor impacto al erario o al interés colectivo, la Secretaría de la Contraloría integró y envió 120 expedientes clasificados como faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, instancia facultada para dictar resoluciones definitivas e inhabilitaciones legales.
Las autoridades estatales remarcaron que estas acciones forman parte medular de la política anticorrupción implementada en el Estado de México, la cual busca terminar con la opacidad en el ejercicio del gasto y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante la rendición de cuentas, la transparencia y el castigo puntual a quienes vulneren las leyes en el servicio público mexiquense.
BAOA
