Un representante de la Fundación Nacional Cubano-Americano indicó que el problema no es «quienes representan al gobierno, sino cómo son elegidos».
En 1962, tras el triunfo de la revolución, Cuba fue suspendida de la OEA; no obstante, en el 2009 se levantó la suspensión pero el gobierno de la isla no ha querido regresar al organismo.
En Cuba ha sucedido un hecho histórico: por primera vez en seis décadas el presidente no se apellida Castro. Sin embargo, para Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se trata de una «transición ilegítima». Por otro lado, algunos grupos de ciudadanos cubanos exiliados del país externaron que este cambio en el poder es «una farsa».
Fue a través de un comunicado que Almagro externó lo siguiente: «El triunfo de la dictadura sobre la libertad no se llama revolución. La sucesión presidencial de la que hemos sido testigos en Cuba es un intento de perpetuación de un régimen autocrítico dinástico-familiar. Se llama dictadura».
El relevo de Raúl Castro (quien estuvo dos mandatos) es Miguel Díaz-Canel, quien fue elegido por 603 de los 604 diputados presentes en el acto. De esta forma ayer el otrora primer vicepresidente fue proclamado presidente de los Consejos de Estado y de Ministros por la Asamblea Nacional de Cuba.
En este sentido el funcionario de la OEA refirió que la elección de la votación en la Asamblea Nacional fue un acto «sin la libre expresión del pueblo cubano», por lo que, aseguró, «cuando se desconoce la soberanía del pueblo, se deslegitima el único fundamento de la autoridad de los gobernantes».
Mientras tanto, algunos exiliados cubanos que radican en Estados Unidos definieron este cambio en el poder como «un insulto a la democracia». Fueron cinco grupos de exiliados en Miami los que criticaron fuertemente lo que acontece en su país, pues consideran que el cambio en la presidencia no representa ningún cambio en el actual régimen.
Antonio Díaz Sánchez, secretario general del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) señaló que el nombramiento de Díaz-Canel «ratifica un sistema impuesto en Cuba desde hace 60 años sin que sus ciudadanos fueran consultados».
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