En el marco de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, los tres poderes de la Unión enfrentan el desafío de seleccionar a 5,379 candidatos para 881 plazas de jueces y magistrados federales. Sin embargo, la opacidad ha sido una constante en varios de los comités encargados, especialmente en el Poder Ejecutivo, que aún no ha proporcionado datos públicos sobre el número de registros.
Panorama de los registros por poder:
- Poder Legislativo:
- Ha reportado 2,740 aspirantes inscritos, lo que da un promedio de 1.5 aspirantes por plaza.
- No se han publicado cifras desglosadas por cargo ni listas de nombres, lo que genera dudas sobre la demanda real en cada puesto.
- Poder Judicial:
- El único comité totalmente transparente.
- Al 15 de noviembre, reportó 134 aspirantes registrados, divididos en:
- 86 para jueces de distrito.
- 37 para magistrados de circuito.
- 7 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- 2 para el Tribunal Electoral.
- 2 para el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Poder Ejecutivo:
- No ha revelado información en sus plataformas oficiales, siendo el más opaco del proceso.
Desafíos de la opacidad
- Falta de datos claros: No se sabe cuántos candidatos cumplen los perfiles requeridos por cada cargo.
- Desbalance en la demanda: Algunos cargos podrían concentrar la mayoría de los aspirantes, dejando otros con menor participación.
- Cumplimiento de metas: Con el plazo de inscripción acercándose, es incierto si se logrará alcanzar los 1,793 candidatos requeridos por cada poder.
TEPJF garantiza continuidad electoral
En otro frente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los jueces de amparo no pueden suspender el proceso de elección de personas juzgadoras. Por tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior aseguró la continuidad del proceso electoral extraordinario 2024-2025, citando la inviolabilidad del mandato constitucional.
La presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, afirmó que el Senado, el INE y demás autoridades deben continuar con las etapas del proceso, mientras el magistrado Felipe Fuentes Barrera declaró que los amparos otorgados contra este procedimiento son inválidos y no afectan la organización de los comicios.
Implicaciones de la resolución
- Certidumbre jurídica: Se elimina cualquier incertidumbre sobre la organización de las elecciones para designar a los nuevos jueces.
- Mandato constitucional: Refuerza el principio de que los amparos no son procedentes en materia electoral.
- Fortalecimiento institucional: Garantiza la autonomía de las autoridades encargadas de organizar los comicios.
Con información de medios.
KJCS