Cerca de 50 mil trabajadores del sector salud necesitan contar con los insumos necesarios para desempeñar su trabajo durante la pandemia.
Una jueza federal de Toluca ordenó al Gobierno del Estado de México acreditar que todo el personal de salud estatal cuenta con insumos y equipos para protegerse del COVID-19, sin importar si se trata de médicos y enfermeras que no están asignados al coronavirus.
La protección federal fue solicitada el fin de semana por el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, sistema para el que laboran más de 48 mil personas, ante la Jueza Primera de Amparo y Juicios Federales, Abigaíl Ocampo Álvarez.
“En lo que respecta a la falta de insumos consistentes en cubrebocas N95, goggles médicos, gorros, batas desechables, guantes, botas quirúrgicas, se concede la suspensión de plano, a fin de que la autoridad responsable -Director General del Instituto de Salud del Estado de México-, con base en sus facultades de gestión acredite que los hospitales, centros especializados de atención primaria, centros de salud y unidades médicas que se encuentran bajo su jurisdicción, se les dotó de todo tipo de bienes y servicios, entre los que se encuentren equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos”, ordenó la jueza el lunes.
“Sin que esos insumos deban considerarse exclusivamente de determinadas áreas médicas, por ejemplo, aquel personal dedicado expresamente a atender a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 sino que las medidas de protección abarcaran a todo el personal médico, toda vez que, dado el momento crítico, el Estado de México y, en su caso todo el País, necesitará de todo aquel experto en medicina, por lo cual, es evidente que resultan ser un grupo de mayor protección dadas las circunstancias sanitarias”.
El sindicato afirmó en su demanda que hay 35 casos positivos de médicos en el Hospital General de Atizapán, mientras que la jueza recordó que en marzo hubo protestas de personal del Hospital General Adolfo López Mateos, en Toluca.
Si bien hasta ahora se han presentado decenas de amparos en todo el País para reclamar insumos, este es el primer caso del que se tiene noticia pública en que la demanda fue promovida por un sindicato, y no por los empleados de salud a título personal.
El Gobierno mexiquense controla alrededor de 70 hospitales generales, regionales, municipales, materno infantiles y de alta especialidad, así como cientos de centros de salud, unidades médicas y unidades rurales
En el amparo, el sindicato también impugnó un memorándum del 20 de abril del Director del Hospital General La Perla de Ciudad Nezahualcóyotl, Martín Rosales, quien advirtió de sanciones civiles, laborales, administrativas y penales al personal que se niegue a trabajar.
Lo anterior, luego que el jefe de Urgencias del hospital falleció el 9 de abril por Covid-19. En este caso, la jueza Ocampo se declaró incompetente y envió el amparo a un juez de Nezahualcóyotl.
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