La Procuraduría General de la República (PGR) informó que abrió dos carpetas de investigación por el posible desvío de casi 450 millones de pesos atribuibles a la administración del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, mismas que interpuso la Auditoría Superior de la Federación en abril pasado.
La primera denuncia, presentada el 19 de abril, es resultado de la auditoría 1107, que se aplicó al gobierno de Sonora por la firma de un convenio con el cual el gobierno federal transfirió recursos para la realización de 31 obras y proyectos en la entidad, que tendrían beneficio social.
Por este convenio en específico, la administración de Padrés recibió 347 millones 999 mil pesos. De ese total, hay 137 millones 618 mil pesos que el gobierno asegura que se ejercieron, pero no existe comprobación alguna de su destino. Los recursos tampoco fueron devueltos.
En esta auditoría en específico, se encontraron otras irregularidades que también representan un posible daño al erario. Por ejemplo, la falta de sanciones y multas a contratistas que no entregaron a tiempo las obras pactadas. En uno de esos casos, los auditores estimaron que la afectación asciende a más de seis millones de pesos.
A esto se suma la falta de lineamientos, programas de resultados, ejes de evaluación y, en general, un descontrol total del seguimiento respecto a la efectividad de los recursos transferidos.
La segunda carpeta de investigación, iniciada por la PGR, es por la denuncia penal que presentó el pasado 20 de abril a ASF, derivada de la auditoría 1111, practicada al gobierno de Padrés. En dicha auditoría se analizó el gasto de 547 millones 334 mil pesos que se recibieron del gobierno federal para la ejecución de 98 obras en el estado.
Lo que los auditores denunciaron es que existen 295 millones 789 mil pesos (más del 50 por ciento de los recursos transferidos), que no se sabe dónde están. La administración de Padrés no los transfirió a los municipios, pero tampoco los regresó, ni mostró documentos comprobatorios que acrediten su destino.
El dinero desaparecido debió invertirse en obras sociales como pavimentación, reparación o mantenimiento de alcantarillado y drenaje, iluminación, entre otros.
Además de lo anterior, la ASF reportó, en esta auditoría, varias irregularidades, como sanciones no aplicadas por obras que se entregaron de forma incompleta o con retrasos.
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