De acuerdo con el Banco, el diseño organizacional de la PGR no corresponde al SJPA.
Según el BID, México tiene altos niveles de impunidad, toda vez que 85 por ciento de los delitos denunciados no terminan con una sentencia.
De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Procuraduría General de la República (PGR) requiere revisar su modelo de procuración de justicia, así como elaborar un plan maestro y definir estrategias para consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), pues sus capacidades actuales son «escasas», sus estructuras inhiben la persecución del delito y frenan el abatimiento de la impunidad.
En mayo pasado, el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, Gonzalo Juan Carlos Canseco, envió la solicitud de dicho apoyo (por 100 mil dólares) al BID con el fin de impulsar tres programas de procuración de justicia y dos proyectos de mejora en la fase de la investigación y para fortalecer el cambio cultural en torno al SJPA.
En el diagnóstico ME-T1355 se alerta de un riesgo de continuidad por el cambio de administración en 2018, además se señala que, si bien México ha logrado implementar el SJPA de acuerdo con los mandatos señalados, su operación aún enfrenta varios desafíos institucionales debido a inercias burocráticas, mala organización institucional, indiferencia y limitaciones técnicas de las autoridades encargadas de investigar la comisión de delitos.
El BID expone que, de acuerdo con el informe «Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y plan de trabajo 2017», que se presentó en el Senado, el diseño organizacional de la PGR no corresponde al Sistema Penal Acusatorio y la población no ha visto beneficios derivados de los mecanismos tempranos de solución de controversias del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estos no se implementan, las capacidades de investigación de la PGR son escasas y se registran problemas históricos en la dependencia, relacionados con incentivos al personal y la estructura institucional.
Según el diagnóstico del Banco Interamericano, México tiene altos niveles de impunidad, toda vez que 85 por ciento de los delitos denunciados no terminan con una sentencia, aunado a la alta desconfianza en el poder judicial, que alcanza el 73 por ciento de la población.
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