Luego de once años de haber detenido infundadamente a Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, al ser acusadas de secuestrar a seis integrantes de la entonces Agencia Federal de Investigación, la PGR anunció que ofrecerá una disculpa pública y reconocerá la inocencia de las mujeres Hñähñú.
El acto será presidido por Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, y contará con la participación de las víctimas y del maestro Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal.
En el sitio web de dicho Centro de Derechos Humanos, se informa que será el 21 de febrero en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología donde se realizará este evento, que forma parte de la reparación del daño que ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa comenzó el 26 de marzo de 2006, en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando seis agentes de la AFI, despojaron a comerciantes de sus mercancías y acusaron que se trataba de piratería.
Cuando los vendedores exigieron que los autores se identificaran y exhibieran la orden que avalara el desalojo, los elementos dejaron la comunidad y acordaron con los comerciantes pagar por los daños causados; sin embargo, cinco meses después, las mujeres fueron detenidas bajo engaños y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los oficiales de la AFI.
La organización Amnistía Internacional México declaró a las tres indígenas “presas de conciencia”, debido a que realizó una investigación en la que concluyó que no existía ningún elemento probatorio que demostrara la comisión de delito.
Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, Jacinta fue sentenciada injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.
El proceso que condujo a la condena estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos, toda vez que la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias.
Por ende, el TFJA determinó en sentencias separadas que los servidores de la PGR cayeron en irregularidades, causando daños morales y materiales a las tres indígenas, por ello ordenó que se les indemnizara y se reconociera su inocencia a través de una disculpa pública.
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