Acusan a periodistas por violencia política de género
«A favor de la libertad de expresión, siempre que venga acompañada de otros derechos»: Wendy Briceño.
En respuesta a una serie de supuestos ataques desde la prensa de Sonora en contra de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, hizo un llamado para detener la violencia política de género contra las funcionarias públicas en las distintas esferas del poder en el estado.
Bajo el argumento de tipificar y penalizar los delitos políticos por razón de género, la legisladora sonorense aseguró poner en práctica el protocolo para buscar poner fin a la violencia contra las mujeres y así hacer valer sus derechos humanos, los cuales no se anulan bajo el ejercicio de un cargo público.
En relación al derecho a la libertad de expresión, Briceño Zuloaga manifestó su amplió respeto hacia este derecho, siempre y cuando esté acompañado por el también respeto a más derechos, «como el de las mujeres a una vida libre de violencia, incluida la política», sentenció.
No obstante, desde la prensa sonorense también hubo respuesta, cuestionaron la «doble cara» de los legisladores de Morena, quienes «no dijeron nada cuando se han presentado comentarios negativos a otras figuras públicas, incluidas la propia gobernadora del estado, Claudia Pavlovich».
A pesar de ello, desde la Comisión de Igualdad de Género, recordaron la aparición, en 2015, de mantas y mensajes intimidatorios, violentos y machistas en contra de la hoy alcaldesa de Hermosillo. Aunque más recientemente se registraron actos violentos contra la senadora Lily Téllez y la entonces candidata a alcaldesa de Caborca, Patricia Azcagorta.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existe violencia política de género cuando se registran acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Pese a los reclamos por hacer valer la libertad de prensa, Zoluaga reiteró su compromiso para actuar «con fuerza, legalidad y asertividad ante casos de violencia política contra las mujeres», pues de no hacerlo, «estos casos se seguirán dando; hacer valer los derechos es una obligación que tenemos quienes velamos por las leyes», señaló a través de un comunicado.
HOY NOVEDADES/SONORA
