El Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), Jaime Martínez Veloz, aseguró que los megaproyectos que se pretenden realizar en el territorio poblano son ilegales e inconstitucionales, ya que plantean, ante todo, violaciones a los pueblos originarios, los cuales, sentenció, deberán resolverse en tribunales nacionales e internacionales.
Durante el Tercer Encuentro de las Resistencias «No a la HIDRO eléctrica», realizado en la Sierra Negra de Puebla este fin de semana, Jaime Martínez Veloz hizo un recuento del «saqueo al territorio indígena hecho a sus espaldas, en confabulación de gobiernos y trasnacionales».
Así mismo, explicó que, en los últimos 22 años, se han extraído 1 mil 100 toneladas de metal, registrándose su mayor índice en 2015 y 2016, años en los que el registro supera las 400 toneladas netas del material áurico.
El exintegrante de la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas (COCOPA) atribuyó esta explotación al contubernio de quienes, en su momento, se negaron a llevar, a la Constitución, las demandas para los pueblos indígenas, firmadas por el gobierno federal con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, en el documento conocido como Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Detalló que, en 1996, se firmaron los acuerdos en materia de Derechos Indígenas y se elaboró una iniciativa de ley para plasmar, legalmente, el principal pacto de reconocimiento de pueblos originarios; y señaló a Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de México, como el principal personaje que se negó a esta iniciativa.
Además, señaló que Felipe Calderón, expresidente panista, entregó más hectáreas de tierra que el general Lázaro Cárdenas: «La diferencia es que Calderón las entregó a empresarios y sus amigos; mientras que Cárdenas se las entregó a campesinos».
Por ello, rechazó que las autoridades respalden este tipo de acciones, señalándole a las resistencias que el no permitirlas es una oposición al desarrollo y el progreso.
Ante el despojo, dijo «no puede pedirse línea o consigna para cumplir la ley», por lo que reiteró el acompañamiento del organismo a la negativa de pobladores de la Sierra Negra para la implementación de una Hidroeléctrica planeada en el territorio de los municipios indígenas de Zoquitlán, Coyomeapan, Tlacotepec de Porfirio Díaz, en el eje Coyolapa-Atzalan.
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