Lo acusan de enriquecimiento ilícito por 150 millones de dólares
En la denuncia también figuran tanto familiares como prestanombres de confianza de Deschamps
El día de ayer, trabajadores del sector petrolero de México presentaron una nueva denuncia contra Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal, así como su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita por la cantidad de 150 millones de dólares.
Los inconformes impugnaron la cuarta reelección del líder sindical en el cargo, al igual que la de los 36 secretarios generales de las secciones de esa organización sindical. También acusaron la venta de plazas, el cobro de cuotas ilegales y de contratos, y el despojo de propiedades del gremio como 126 tiendas de conveniencia, 26 fábricas para diversos productos y 60 mil hectáreas con ganado.
El documento fue entregado en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México, con el cual se busca dar seguimiento a una denuncia que ya había sido presentada hace dos años y la cual también involucra a familiares y prestanombres de Deschamps.
Además señalaron que la administración pasada llevó a cabo diversas omisiones en contra de Deschamps, por ello, esperan que el actual gobierno tome las medidas legales necesarias contra el líder sindical.
Apenas en esta semana, ya una juez federal ordenó a Pemex detener la entrega de información solicitada por un particular, vía Ley de Transparencia, sobre los convenios que firmó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que encabeza Carlos Romero Deschamps.
Esta decisión se tomó debido a que el dar a conocer estos datos podría ser «perjudicial e irreparable» para la STPRM
«Se concede la suspensión definitiva en relación con los efectos y consecuencias para los cuales la solicitó, esto es, para que las autoridades responsables no entreguen la información relacionada con la parte quejosa hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo», dice el expediente.
Sin embargo, la jueza Lobo Domínguez aseguró que la suspensión no significa ningún perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público.
«No se advierte que se prive a la colectividad de algún beneficio otorgado, pues si bien la solicitud controvertida se funda en las disposiciones de acceso a la información pública, también lo es que, la litis del presente asunto reside en, si la información solicitada por terceros interesados es pública o reservada», indicó.
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