Hasta 12 años de cárcel propone la iniciativa
Congreso de Sonora busca recrudecer las sanciones contra los agresores de los menores.
Debido al incremento de denuncias presentadas por maltrato infantil en Sonora, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Dolores del Río Sánchez, presentó la iniciativa para la Leu contra el Maltrato Infantil.
La propuesta fue entregada en el Pleno del Congreso local y pretende reformar algunas disposiciones del Código Penal del Estado, con miras a dar garantías y herramientas a las autoridades jurisdiccionales y ministeriales de Sonora. Del Río Sánchez recordó que de los 13 mil 494 delitos denunciados en la entidad, 2 mil 753 son por o violencia en la familia, y de estas últimas, la gran mayoría refieren agresiones o violencia infantil.
De aprobarse la iniciativa de la diputada sonorense, se considerará culpables a quienes decidan hacer caso omiso y atentar contra la integridad física, sicológica, emocional, sexual o cualquier conducta que represente un sufrimiento o maltrato contra un menor, siendo este su familiar, tutor o tenga alguna relación de vigilancia, enseñanza o convivencia con él.
Las multas podrán ir desde uno hasta doce años de prisión, además de una sanción económica de tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); la iniciativa también refiere que los delitos por maltrato infantil deberán ser investigados por oficio y las penas se acrecentarán si existe reincidencia del agresor.
«Se trata de transformar la cruda realidad de violencia y maltrato que actualmente viven miles de niños y adolescentes en el país y en el estado», mencionó la diputada. No obstante, también hizo énfasis en la necesidad de eliminar las prácticas «machistas» de los y las servidoras públicas de Sonora.
Debemos «continuar con esa búsqueda de una sociedad de respeto y tolerancia entre iguales, hay que hacer partícipes a los hombres, no todos, pero sí muchos que sostienen la cultura del machismo como verdad». Para conseguir lo anterior, la propuesta para reformar la constitución solicita someter a los agresores de menores a los lineamientos del Artículo 234-C, en el que se establece la autoridad del Ministerio Público para imponer medidas precautorias de seguridad, tales como solicitar el inmediato abandono del domicilio conyugal, prohibición de asistir a algún lugar, restricciones de distancia y evitar cualquier acto de intimidación o perturbación contra las víctimas.
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