La propuesta impulsada por Luisa María Alcalde fijará restricciones a contenidos violentos, controles parentales por defecto y un enlace de atención las 24 horas para las empresas de internet.
El Gobierno de México afina los últimos detalles de un decreto presidencial histórico que regulará las operaciones de las plataformas digitales para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes en el entorno virtual. Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentaron los ejes centrales del proyecto normativo. Las autoridades prevén publicar formalmente la medida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.
La iniciativa establece obligaciones operativas concretas para todas las empresas tecnológicas e intermediarios de internet que permitan la interacción, comunicación o difusión de contenidos entre usuarios. Con esta medida, el Ejecutivo federal busca mitigar los riesgos de ciberacoso, explotación y afectaciones a la salud mental de la infancia en las redes sociales.
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Restricciones estrictas a contenidos de riesgo para la infancia
El proyecto de decreto prohíbe taxativamente que las plataformas recomienden o expongan a las personas menores de edad a materiales que promuevan la violencia y conductas autolesivas. De esta manera, los algoritmos de las redes sociales deberán modificar sus sistemas de distribución para evitar la propagación automática de estos insumos hacia perfiles juveniles.
Entre las categorías de contenidos objeto de restricción directa figuran las siguientes:
- Discursos de odio y propaganda de extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual infantil.
- Promoción del suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos de la conducta alimentaria.
- Acoso escolar, ciberacoso e incitación a conductas ilícitas.
- Contenido sexual explícito y representaciones gráficas de violencia.
Por consiguiente, el marco normativo no plantea una censura generalizada ni una prohibición absoluta para el público adulto, sino mecanismos de filtrado y protección específicos enfocados de forma exclusiva en la población infantil y adolescente.
Controles parentales, privacidad por defecto y enlace gubernamental las 24 horas
Para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma, las empresas tecnológicas deberán activar de forma predeterminada las configuraciones de máxima seguridad y privacidad en todas las cuentas pertenecientes a menores de edad. Asimismo, las plataformas tendrán la obligación de transparentar y publicar sus criterios de moderación de contenido y clasificación por edades, permitiendo que las familias conozcan con claridad las reglas aplicadas.
En paralelo, las aplicaciones deberán integrar herramientas de supervisión parental accesibles e intuitivas que faciliten el monitoreo del tiempo de pantalla y las interacciones. Igualmente, las empresas deberán instalar mecanismos ágiles para denunciar violencia digital, comprometiéndose a retirar de manera inmediata las publicaciones o cuentas que pongan en riesgo a los usuarios.
En el ámbito institucional, el decreto mandata que las plataformas mantengan un punto de contacto técnico disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año, para atender requerimientos judiciales y ministeriales. Del mismo modo, las compañías estarán obligadas a preservar elementos de prueba digitales y alertar de inmediato a las fiscalías ante amenazas inminentes contra la vida o la integridad de los menores.
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Carácter obligatorio del decreto y prospectiva de sanciones normativas
En cuanto al régimen disciplinario, Luisa María Alcalde precisó que el texto inicial no contempla multas administrativas o sanciones económicas inmediatas, priorizando un esquema de autorregulación guiada y cumplimiento corporativo. No obstante, la consejera jurídica enfatizó que el decreto posee carácter obligatorio e ineludible para todas las plataformas con operaciones en territorio nacional.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la Agencia de Transformación Digital y la Consejería Jurídica revisan minuciosamente la redacción final para garantizar que las disposiciones se mantengan estrictamente dentro de las facultades del Poder Ejecutivo. La mandataria advirtió que, en caso de detectar desatención o incumplimiento voluntario por parte de las multinacionales tecnológicas, el Gobierno impulsará reformas legislativas para fijar sanciones severas.
Finalmente, el proyecto integra una estrategia preventiva de salud pública en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud. El esquema articulará herramientas de apoyo emocional como la Línea de la Vida y los materiales del programa “ABC de las emociones”, ofreciendo atención psicológica integral frente a situaciones de crisis en el entorno digital.
Información de NotiPress.
XSB
