De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos «Ignacio Ellacuría SJ» de la Universidad Iberoamericana Puebla, ni el gobierno municipal ni el estatal están preparados para los cambios que traerían las políticas antiinmigrantes del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Martín Juárez Guevara, responsable del Programa de Trata y Tráfico del Instituto, precisó que en el caso de migrantes centroamericanos, las autoridades actúan al servicio de políticas estadounidenses sin asumir la responsabilidad que tienen frente a los derechos humanos.
Ante tal, agregó el académico, que además de dejarse de lado la atención a migrantes, se les ha expuesto a riesgos, como ataques por parte del crimen organizado que ya se observan en algunos puntos de Puebla, en la entrada a Oaxaca.
«Incrementó la posibilidad de que cayeran en manos de la delincuencia organizada, por lo tanto tenemos ahora mucha gente víctima de esta violencia que no está teniendo ningún tipo de protección, prácticamente se les está regresando a sus países de origen cuando en realidad por la ley, el gobierno del estado tiene la facultad y, más bien, la obligación de garantizar una visa humanitaria», comentó durante una entrevista.
Sobre los migrantes poblanos con riesgo de ser deportados, explicó que no se tienen ni estadísticas formales ni proyectos para atenderlos al retorno. A falta de ello, agregó, es previsible que en Puebla se empiece a notar el impacto en el gasto social de las políticas de Estados Unidos, con migrantes sin acceso a la salud y orillados al comercio informal.
Explicó que, para el estado, podría ser funcional la realización de foros en donde se expresaran las necesidades de los migrantes, así como programas enfocados en aprovechar el talento que traen de Estados Unidos.
Sobre esto último, Juárez Guevara lamentó que la respuesta que se ha visto sobre todo de la autoridad estatal, ya ha dado muestra en pocas semanas de emplearse como botín político para promoción del exgobernador Rafael Moreno Valle.
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