El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, indicó que la resolución que la ley «3 de 3», dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da certeza a la constitucionalidad.
Esto, dijo el funcionario, le da una relevancia social a la resolución e hizo bien su trabajo al no vulnerar la esencia de la constitución.
El INAI considera que las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios deben ser públicas, excepto, las que pudiesen vulnerar la vida privada o los datos personales, protegidos en la Constitución.
Agregó que al haber inquietudes sobre el formato de esta ley, se encargará el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante su Comité de Participación Ciudadana, el cual garantizará los rubros de información que pudieran afectar su derecho a la privacidad.
El comisionado presidente del INAI dijo que si bien habrá inquietudes y exigencias en la definición de los formatos, la población debe estar cierta de que su elaboración estará a cargo de la sociedad civil organizada, representada en el Comité de Participación Ciudadana del SNA.
El instituto considera que debe ser el Comité Coordinador el encargado de emitir las normas y los formatos impresos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, explicó.
