Algunas de las disposiciones de la Ley de Educación del estado de Baja California Sur son contrarias a la Ley General de Educación y la del Servicio Profesional Docente, razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidarlas.
Se dio a conocer durante la sesión ordinaria del pleno de la Corte que el Congreso local del estado se atribuyó facultades que le competen exclusivamente al Congreso de la Unión, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que impugnar la ley estatal.
Debido a que la ley estatal no tiene la competencia para establecer ni autorizar material didáctico, también quedaron anuladas las disposiciones en torno a la educación prescolar, además de lo relacionado con el material educativo que se emplea a nivel básico,
Tales disposiciones de la ley en cuestión no eran compatibles con la Ley del Servicio Profesional Docente que forma parte de la reforma educativa.
La Secretaría de Educación Pública es la que tiene la facultad de establecer y fortalecer los sistemas de educación a distancia, no obstante, las autoridades educativas locales también deben de intervenir en esta tarea.
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