La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) mantendrá una política de «cero impunidad» para quien intente utilizar los programas con fines distintos a los que fueron creados, ante los procesos electorales que se celebrarán, en junio, en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz
El Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Sedesol, David Garay Maldonado, dejó en claro que, para aquellos funcionarios que «equivoquen el camino», deberá aplicarse «con todo rigor» la sanción que corresponda.
En entrevista, el responsable del blindaje electoral para los comicios de este año, aclaró que, hasta el momento, la Secretaría de Desarrollo Social no tiene personal que haya sido sancionado, ni se ha notificado de alguna denuncia ante la Procuraduría General de la República.
«Lo que sí le puedo asegurar, es que la indicación es muy clara de cero impunidad, esperemos que nadie cometa ninguna irregularidad que sea sancionada administrativamente y menos penalmente, pero si la hay, cero impunidad», reiteró.
Sostuvo que a la Sedesol, como autoridad, le corresponde tener muy clara la división o el límite entre cumplir con aportar a los beneficiarios de los programas sociales lo que les corresponde y, a la vez, preservar el ejercicio de sus derechos electorales.
Garay Maldonado admitió que se ha comentado que la utilización de los programas pudiera ser facciosa, pero de ser así, sostuvo, los partidos que se encuentran en posiciones de gobierno, no perderían elecciones.
«Si ese fuera un argumento sólido, casi, casi incuestionable, entonces nunca se perderían elecciones de los que estuvieran involucrados en los programas de desarrollo social, y los resultados electorales nos demuestran que se han perdido elecciones», puntualizó.
Recordó que, en enero del presente año, se suscribió un adendum relacionado con el blindaje electoral de los programas de desarrollo social, en el que se establecieron las bases y fundamentos para realizar acciones preventivas en la materia.
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