La Procuraduría General de la República solicitó a la Secretaría de la Función Pública que inicie un procedimiento administrativo en contra de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, así como a seis personas más.
Esto por su actuación el 28 de octubre de 2014, en los alrededores del río San Juan en Cocula, Guerrero, donde un día después fue encontrada una bolsa con restos óseos presuntamente de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sólo se le iniciará un procedimiento administrativo y no penal, por haber manipulado dichas diligencias, evidenciadas por los expertos del GIEI, pues de acuerdo con la PGR, “no hubo aportación de evidencia, no se sembró nada, hay sólo faltas administrativas”.
El fiscal especial para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, comentó que el procedimiento sancionador estará a cargo de la SFP, que deberá determinar si existe un conflicto de interés por el vínculo que mantiene su titular, Arely Gómez, con Zerón de Lucio.
Se explicó que al ser un servidor de confianza y de mando, le compete a la Función Pública sancionarlo con estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que podría resultar desde una amonestación hasta la inhabilitación en las funciones del ahora secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, se investigarán los números telefónicos encontrados en la libreta de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, que corresponden a los mismos números empleados por Omar García Harfuch, presente titular de la AIC, cuando estaba en la Policía Federal.
Luego de una reunión de tres horas en la PGR, los padres de los normalistas expresaron decepción, porque el acuerdo que se propone relacionado con la actuación de Tomás Zerón únicamente quede en una responsabilidad administrativa.
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