La mandataria propuso que Talleres Gráficos de México asuma la papelería electoral tras revelarse contratos por mil millones de pesos a un mismo grupo empresarial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció a favor de investigar a fondo, aplicar sanciones ejemplares y transparentar de manera estricta los procesos de contratación de material electoral en todo el país. Ante los señalamientos de presunta simulación de competencia en diversos institutos estatales, la jefa del Ejecutivo federal planteó fortalecer la capacidad técnica y operativa de la paraestatal Talleres Gráficos de México (TGM) para que sea el propio Estado quien imprima boletas, actas y documentación oficial, evitando la concentración de contratos millonarios en un solo grupo empresarial privado.

Vía: Gob MX
La investigación sobre contratos en 13 estados
La controversia escaló luego de que una investigación periodística de El Universal documentó que un conglomerado empresarial vinculado a los hermanos Hernández Casillas obtuvo más de mil millones de pesos en adjudicaciones desde 2014, a través de al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
De acuerdo con las indagatorias, distintas compañías pertenecientes a la misma red familiar solían inscribirse a las licitaciones compitiendo entre sí, una maniobra que presuntamente simulaba una puja real para asegurar que los contratos de papelería especializada quedaran dentro del mismo grupo:
- Quintana Roo (2025): Se entregó un contrato por 34.7 millones de pesos a Litho Formas, donde concursaron empresas hermanas como Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales.
- Veracruz: Se asignaron 113.7 millones de pesos a la misma firma en un proceso donde las únicas competidoras fueron firmas del mismo conglomerado.
- Estado de México (IEEM, 2023): Se otorgó una adjudicación directa por 57.3 millones de pesos a una propuesta conjunta de tres de estas imprentas. Al respecto, la presidenta del organismo, Amalia Pulido Gómez, defendió la legalidad del procedimiento argumentando la premura de los plazos electorales.

Vía: López Dóriga Digital
Defensa a Taddei y deslindes institucionales
El caso coincidió con la solicitud del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir la renuncia de tres colaboradores cercanos a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Frente a ello, Sheinbaum rechazó cualquier nexo entre Taddei y el partido Morena, recordando que su incorporación al sistema electoral data de 2014 bajo la presidencia de Lorenzo Córdova.

En el plano judicial, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, aclaró que en su demarcación no existen denuncias penales radicadas contra los involucrados, mientras que en Veracruz, el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, negó tener relación laboral o de interés con las empresas contratadas.
Con este posicionamiento, el Gobierno de México coloca en la agenda pública la necesidad de recuperar la rectoría en la producción de insumos para las elecciones y blindar los recursos del erario, mientras las autoridades administrativas y judiciales determinan si los esquemas de contratación en los organismos locales derivaron en faltas legales o responsabilidades penales.






